Después de años de infructuosos intentos para minimizar el impacto acústico derivado de la actividad del Circuito Ricardo Tormo de Cheste, la Agrupación de Entidades del Extrarradio de Chiva ha presentado una reclamación formal ante el Síndic de Greuges. Y lo ha hecho apoyada por los residentes en las urbanizaciones, quienes afirman sentirse «ninguneados» por la Generalitat Valenciana.
Como se explica, su denuncia no busca el cese de actividad del citado recinto deportivo, sino que se apliquen las medidas correctoras propuestas en el año 2004 por el Área de Calidad Medioambiental y de las que el Circuito fue eximido por el gobierno valenciano de forma temporal. A día de hoy, esta exención sigue vigente a pesar de la reclamación del Defensor del Pueblo y de los requerimientos ciudadanos; algunos de ellos planteados a los Ayuntamientos de Chiva y Cheste.
En el escrito remitido al Síndic, la agrupación afirma que el Ricardo Tormo «incumple la Ley Española del Ruido y que, además, dispone de cuatro circuitos más situados en la parte exterior del recinto principal que carecen de grada y de cualquier protección acústica. Se utilizan de forma frecuente, sumándose al asedio diario de nuestro ambiente doméstico con más contaminación acústica». En este punto, aseguran que las constantes molestias están provocando incontables problemas de salud en las cerca de 3.000 personas que viven junto al trazado.
«No entendemos que en otro circuito de España, como el de Jarama, sí que se haya escuchado las quejas de los vecinos. Aquí, hay una sentencia que limita las emisiones de sonido a 90 decibelios; quedando prohibida la entrada al recinto de todo vehículo que supere este límite. Por contra, en el Circuito Ricardo Tormo no se aplica medida alguna. Llama la atención que recientemente se haya puesto en marcha las obras del nuevo parque empresarial Circuito de Cheste, del que se quiere recibir la certificación de sostenibilidad que afecta al ámbito medioambiental. Todo ello cuando es colindante al recinto deportivo y, por tanto, las cerca de 1.500 personas que trabajarán aquí sufrirán de forma directa las consecuencias de la contaminación acústica», concluyen los vecinos.
